Quizás el argumento más repetido a favor de la ley de divorcio sea éste: el Estado debe respetar la libertad particular de las personas, permitiéndoles casarse o "descasarse", facilitándoles así la felicidad que buscan.

En España se dan tantas facilidades para disolver el matrimonio civil que actualmente se asemeja más a un concubinato,  con todas las precariedades y con toda la falta de significado moral inherente a éste.

Recordemos que, por sí, el matrimonio es un contrato social por el cual los cónyuges se unen teniendo en vista la perpetuación de la especie, la educación de los hijos y el mutuo amor y auxilio en las necesidades de la vida.

El divorcio fue introducido en España por la ley del 7 de julio de 1981 (que modificó los arts. 85 a 89 del Código Civil). El 21 de noviembre de 2001 fue presentada en el Congreso una nueva proposición de ley que prevé el divorcio directo --sin separación previa-- inclusive en caso de desaparición del afecto conyugal[1].

"Podría parecer que el divorcio está tan arraigado en ciertos ambientes sociales, que casi no vale la pena seguir combatiéndolo, difundiendo una mentalidad, una costumbre social y una legislación civil a favor de la indisolubilidad. Y sin embargo, ¡vale la pena!  En realidad, este bien forma parte de la base de toda la sociedad, como condición necesaria para la existencia de la familia.