¿Está prohibido prohibir? ¿Está permitido prohibir? ¿Es justo y bueno prohibir?

Según la doctrina católica, en principio, la prohibición es justa. Como todas las cosas justas, ella puede prestarse a abusos. La autoridad paterna es una cosa justa, pero puede haber excesos. Esto no es razón para eliminar esa autoridad, que es insustituible. Es una razón para hacer todos los esfuerzos destinados a persuadir a los padres de no abusar de su autoridad.

Así también con las prohibiciones. Puede haber extralimitaciones, pero la supresión de ellas es un abuso mayor  que cualquier atropello que la prohibición pueda practicar.

¿En qué se fundamenta ese principio de la legitimidad de las prohibiciones? Se fundamenta en dos puntos:

1.º Hay determinadas verdades que están al alcance de todo hombre recto y debidamente informado, a las cuales no es legítimo combatir, difundiendo lo contrario de ellas. Este principio en cuanto tal, es admitido por todos. Por ejemplo, en España, como en todas las naciones avanzadas, la medicina proscribe ciertas prácticas y recomienda otras por bien de la salud pública. La medicina tiene noción de que ciertas sustancias son nocivas o incluso mortales para la salud. Y, por otro lado, autoriza la ingestión de otras sustancias que clasifica como propicias y curativas.

Estas certezas sobre materia médica provienen del hecho de que la ciencia investigó y comprobó el asunto, según métodos racionales y científicos idóneos, y habiendo llegado a una determinada evidencia, existiendo un consenso al respecto, declaró que. Por ejemplo, hacer propaganda del uso indiscriminado del arsénico, como una cosa que pueda hacer bien a la población, está prohibido. Si esa propaganda no fuese censurada, se autorizaría una acción nociva al bien individual y al bien común. e no es lícito a nadie hacer divulgación y propaganda de lo contrario.

Esa acción debe ser reprimida por la sociedad. En la práctica, existen muchos mecanismos, exigencias y sanciones para proteger a la población de fármacos peligrosos para la salud, así como exigir una objetiva información a su respecto.

Las mismas reglas de raciocinio llevan a la Iglesia, que tiene las luces sobrenaturales para interpretar de modo infalible su doctrina y enseñarla a los católicos. Y no está permitido a ningún católico contradecir las verdades que Ella ha proclamado de Fe. La Iglesia tiene, así, uno de sus más importantes órganos, la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vigila a fin de evitar dentro de Ella que se propague lo contrario de la verdad definida.

Análoga cosa se debe decir de las prohibiciones en el campo moral. Si determinadas prácticas son consideradas opuestas a la ley natural, al bien común o individual y aún a la ley positiva de los Estados, no es lícito hacer propaganda de esas prácticas. Así un Estado debe censurar a quien haga, por ejemplo, propaganda del robo, del crimen, de la injusticia, de la insubordinación a sus leyes y del vicio en general.

2.º Los librepensadores se manifiestan contrarios a toda especie de prohibiciones y censuras, incluso la eclesiástica. Ellos se basan en un relativismo intelectual y moral completo: no hay ninguna verdad absoluta, clara e indiscutible. Ni siquiera la existencia de Dios. Todas las "verdades" pueden variar según los tiempos, lugares y culturas, dicen ellos. Se comprende que toda prohibición les parezca simplemente absurda.

El núcleo del problema está, por lo tanto, en esto: ¿hay o no hay certezas fundadas en la razón, accesibles a todos los hombres rectos y suficientemente informados, y que deben ser protegidas por un código de ética y por prohibiciones contra las propagandas erradas?

¿Los niños y jóvenes deben ser protegidos especialmente, o no lo necesitan?

Otra objeción es que dado que el hombre es un ser racional, no tiene, por tanto, ningún motivo para temer que delante de él sea defendida cualquier idea. Los hombres cultos y rectos no deben temer, al contrario, deben desear ver expresadas todas las doctrinas y ellos reconocerán la verdad.

A este propósito, es necesario hacer una distinción. Hay ciertamente personas de un nivel cultural y de una rectitud de raciocinio y de principios que pueden tranquilamente tomar conocimiento de las propagandas, ideas y doctrinas más erradas, estudiarlas hasta la médula, en sus sofismas mejor planteados y seductores, y nada los moverá de la verdad. Es a estos hombres que se debe confiar la condición de árbitros. Aunque ellos, que también tienen la debilidad humana, inclusive en su mente, puedan abusar o errar en su labor.

Otros, en cambio, con medianos o pocos conocimientos, solicitados por sus malas inclinaciones a pensar como les conviene, a adoptar los raciocinios que más lisonjean su orgullo y las normas que más favorezcan su sensualidad, serán, pues, más propensos al error. "Es necesario vivir como se piensa; si no, tarde o temprano, se termina pensando como se vive"[1], afirma Paul Bourget.  Es, entonces,  una obra de caridad evitar que el error tenga voz y vez junto a ellos.

Esto lleva a desear que se eviten estos males, por medio de ponderadas normas éticas, prohibiciones y controles de los abusos de la propaganda inmoral o de leyes que facilitan el libertinaje.

Se trata de respetar la razón protegiéndola de las debilidades humanas y de las malas inclinaciones. Esta situación de fragilidad, si no se ampara, deformará especialmente a los niños y a la juventud.

Sumado y restado, de lo anterior se deduce que el debate sobre si está permitido o no prohibir, se traba en un terreno de cuestiones previas. Para los católicos, inmensa mayoría de los españoles, no hay duda ninguna, las prohibiciones en materia de propaganda inmoral y de malas costumbres públicas, en principio, hechas con criterio, tienen toda razón de ser y son indispensables.

Para algunos librepensadores no dudamos que les será difícil responder los argumentos dados. Para los relativistas no habrá seguridad, y dirán como Pilatos "¿Y qué es la verdad?" (Jn, 18, 38). De estos últimos esperamos que sean coherentes con su propio relativismo y no se vuelvan absolutistas en combatir principios tan universales como los expuestos.

Los abusos deben ser evitados. Las prohibiciones son indispensables

Los abusos de ciertas prohibiciones, como fue dicho, no constituyen razón para eliminarlas, para censurarlas...  Por ejemplo, ningún abuso de la censura podría ser tan perjudicial para la protección de la vida e integridad física de las personas de que se permitiese a los poderosos medios de comunicación social que hagan libremente la apología del asesinato o del terrorismo. Admitido esto, en los grandes centros modernos, en un día como el 11 de septiembre, podrían morir muchas más víctimas que aquellas que la Inquisición habría hecho en España en un siglo. Pero no se trata aquí de la Inquisición. La autorización del aborto --llamado púdicamente interrupción del embarazo-- por ejemplo, ¿cuántas vidas totalmente inocentes sacrifica anualmente?

En el plano concreto, sería perfectamente posible establecer códigos de ética, prohibiciones, controles, análogos a los que existen para ejercer muchas profesiones; como los que hay para evitar accidentes y ordenar el tránsito público. Las prohibiciones de los atentados públicos contra la moral se justifican como se justifica la policía en  una localidad donde hay un gran incremento de crímenes. En el caso concreto, se trata de atentados que deforman a nuestra juventud y contribuyen a esparcir la corrupción  y la degradación de nuestra sociedad.

Nuestra Constitución contempla esta protección pero, en la práctica falta mucho para que sea realmente efectiva. Con buenos criterios generales de lo que el bien público y la formación de la juventud necesitan, con un control serio sobre la publicidad y las comunicaciones sociales inmorales y pornográficas, y otros atentados contra la familia, se evitarían los abusos y se recogerían abundantísimos beneficios para la sanidad moral, intelectual e incluso física de nuestros niños.

Sería otra valiosa contribución al bien común, a la familia y a la vida que se podría prestar.

 

 

[1] Le Démon de Midi, Librairie Plon, París, 1914, vol. II, p. 375.

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