Inconsistencia de la exposición de motivos

En cuanto al primer argumento, no hay duda de que existen, en la realidad actual, las uniones de hecho, aunque en medida mucho menor de lo que se propaga[1]. Sin embargo, el mero hecho de existir una realidad no es razón suficiente para legalizarla y darle beneficios. La conveniencia de regularizar o no, legalmente, una situación depende sobre todo de si esa realidad es positiva o negativa; si conviene o no a la sociedad y a los individuos. Nadie va a legalizar, por ejemplo, situaciones de anomalía como la miseria, el analfabetismo, ciertos tipos de juegos, la corrupción, el crimen o la droga, por el simple hecho de ser una realidad actual.

Las razones basadas en la Constitución (motivos 2 y 3) sobre la igualdad ante la ley, no discriminación y protección debida a la familia, se basan en una premisa mayor falsa, que es que las parejas de hecho tienen relaciones afectivas análogas a las conyugales, constituyen "otro modelo de familia", son, en fin, equiparables al matrimonio.

Para entender bien cómo esta premisa no tiene fundamento, es falaz y equivocada, baste recordar lo dicho en las secciones referentes al matrimonio, y al divorcio y su indisolubilidad.

En dos palabras, que el matrimonio es por naturaleza indisoluble, que es un contrato social y que tiene por fin la perpetuación de la especie, la educación de los hijos y el amor y mutuo apoyo de los cónyuges. 

En conclusión, en el caso de las uniones de hecho no se trata de familia, ni situación análoga a ésta, ni "otro modelo". Por lo tanto, no sólo no hay discriminación alguna en no equipararlas a la familia, sino que es injusto hacerlo.

 

 

[1] En Madrid, por ejemplo, se han inscrito en el Registro de parejas de hecho apenas unas 150 por año, en cuanto los matrimonios llegan a 25 mil. Cf. Joaquín Díaz en Alfa y Omega, 7-3-2002. Registradas o no, otra estadística de Madrid verifica que las parejas de hecho sólo llegan a un 1 por ciento de las uniones. Cf.  ABC, 23-2-2002.

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