Durante el trascurso de estos años, el número de abortos ha ido aumentando vertiginosamente. En 1986, se cometieron 467 abortos legales; en 1988, ya eran 26.069. En 1991, el número asciende a 41.910;  en el año 2000 a 63.756 y llegamos al 2003 con la escalofriante cifra de 79.788 abortos[1]. En total, fueron sacrificados unos 800.000 niños españoles que hoy nos hacen falta. Niños y jóvenes, "únicos, irrepetibles e insubstituibles"[2], que no sabemos lo que nos podrían haber aportado.

¿Podemos calcular la alegría y la tranquilidad de conciencia que esos 800 mil niños nos hubieran dado si estuviesen vivos?

La ley establece ciertas condiciones para abortar, pero estas condiciones son totalmente inaceptables y, además, muchas veces, no se cumplen.

zCondiciones inaceptables, porque, como nos recordó el Papa Juan Pablo II en su viaje a España en 1982, "nunca se puede legitimar la muerte de un ser inocente". Lo mismo  nos enseña el Catecismo: "Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable [...]. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana"[3].

zCondiciones que no se cumplen, porque la  primera de ellas contempla el riesgo para la salud física y psíquica de la madre. Ahora bien, en la práctica, esto permite el "aborto legal libre o cuasi-libre"[4]. La inmensa  mayoría de los abortos se acogen a este supuesto, alegando peligro para la salud psíquica de la madre. Según algunas estadísticas, el 98,4 por ciento de los casos[5]. Se entiende, pues es una excusa fácil de dar. Alegar peligro para la salud psíquica es la cosa más aleatoria y relativa del mundo[6]... Además, en el caso de este supuesto, no se coloca límite de edad hasta el cual el feto puede ser eliminado.

 

 

 

[1] Cf. Alfa y Omega, 9-5-2002 y 14-7-2005, La Razón, 24-7-2002  y ABC, 26-2-2003.

[2] Mons. Juan Antonio Reig en Alfa y Omega, 3-2-2002.

[3] Catecismo de la Iglesia Católica, Cánones 2.271-2.272.

[4] Mons. Juan Antonio Reig en Alfa y Omega, 3-2-2002.

[5] Alfa y Omega, 9-5-2002.

[6] Respecto de este último punto, los asociados de S.O.S. Familia promovieron, en mayo de 2002, el envío de miles de tarjetas al Ministerio de Sanidad, pidiendo un estricto control de este tremendo abuso, con el fin de evitar al menos el sacrificio de una gran parte de las víctimas.

Posteriormente, el 2 de diciembre de 2002, el Coordinador de la campaña de S.O.S. Familia, remitió una nueva carta a la Ministra de Sanidad, Sra. Ana M.ª Pastor, en referencia a las impresionantes denuncias que la revista Época (15 a 21-11-2002) y otros medios de comunicación, hicieron sobre el criminal abuso que existiría en clínicas especializadas, al autorizar miles de abortos bajo el pretexto de peligro para la salud psíquica de la mujer embarazada. S.O.S. Familia solicitaba en la ocasión, "una investigación oficial, con el consecuente desmentido o, en caso de confirmarse, las efectivas medidas para contener estos hechos que entristecen y alarman a la inmensa mayoría de los españoles".

En respuesta del 27 de febrero de 2003, ese Ministerio eludió iniciar la investigación o hacer el desmentido solicitado alegando "que si cualquier ciudadano conoce la existencia de casos concretos o centros en los que se realicen IVE de forma ilegal o en supuestos no contemplados en la Ley, deberá ponerlos en conocimiento de la Autoridad Sanitaria de su Comunidad Autónoma".

Preguntamos, ¿qué posibilidades tiene un ciudadano de hacer esa investigación; recorrer todas las Comunidades Autónomas y pedir los expedientes reservados de casi 70 mil abortos, para comprobar la legalidad de ellos? Es deber de la Dirección General de Salud Pública, que recibe las informaciones de las Comunidades Autónomas, que poseen sus sistemas de vigilancia epidemiológica y estadístico, llevar a cabo una investigación así. El Ministerio de Sanidad, es pues, el único organismo que puede hacer esto y no los particulares, como propone la evasiva respuesta de ese órgano a S.O.S. Familia.

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