¿Y para los más de 100.000 muertos por aborto premeditado que vienen aumentando en una proporción de 10% cada año?
Para ello, la fiscalización oficial ha sido casi nula y el apoyo de la Administración a las madres embarazadas, inexpresivo. Al contrario, se han llevado a cabo grandes campañas publicitarias favoreciendo la "interrupción del embarazo" y se han dado un ostensiva protección a la industria de las clínicas abortistas.
Tres ministros de Estado se manifestaron este año contra el "acoso" a los centros de infanticidio.