El público, en general, desconoce los proyectos y proposiciones de ley que se tramitan de forma más o menos silenciosa en el Congreso respecto de estos temas que afectan de manera decisiva la institución de la familia, lo que implica en su conjunto una transformación en profundidad del país.

Tampoco se sabe cuál es la actitud de los candidatos frente a las desastrosas leyes ya vigentes como divorcio, aborto, uniones de hecho, reproducción asistida, legalización de anticonceptivos, liberación de la pornografía y violencia en los medios de comunicación. ¿Cuántos de ellos han manifestado su opinión con claridad? En caso de discordar, ¿se han comprometido a trabajar por su derogación?

La respuesta a estas incógnitas es la única manera efectiva de acabar en España con el voto a ciegas y orientar la actividad política y la conducción del Estado por sus rumbos más apropiados. La importancia de ello es que la institución de la familia constituye en sí un orden esencial de la vida humana con fines sustantivos y propios que sólo ella puede cumplir, y que, por tanto, necesita ser bien configurada y garantizada por el derecho.

Propónganse las cosas al público con toda precisión y después de un largo debate en que los medios de comunicación den igual espacio a los propagadores de las leyes antifamilia como a la Iglesia y a las asociaciones pro familia y vida, defínanse los candidatos y, por fin, háganse las elecciones o consúltese al pueblo sea por un plebiscito, sea mediante recogida de firmas de ambos lados. Los católicos, así esclarecidos, sabrán velar para que las leyes civiles no infrinjan lo que está grabado en la Ley natural ni lo que Dios mandó.

No actuar así, es, además, un desaire para la ideología libertaria, pues contrariando sus postulados, se hacen entrar, en nuestra legislación, las propuestas antifamilia de forma semiclandestina, por medio de silencios y amparada en la desinformación. Tenemos la seguridad de que esta transparencia sólo puede traer beneficios para toda la sociedad.