La Iglesia inmediatamente condenó la medida. Varias organizaciones como CONCAPA y asociaciones de profesores de religión  promovieron, en contra de esta norma,  la mayor recogida de firmas de la historia de España, con más de tres millones doscientos mil asignantes[1].      

Como fue dicho en el punto 3, más del 80 por ciento de los padres de alumnos desea para sus hijos que sea suministrada la enseñanza católica a sus hijos, inclusive en los centros públicos.

A pesar de esta inequívoca voluntad popular y de la autorizada oposición de la Iglesia, el  22 de julio de 2005, el Consejo de Ministros aprobó la presentación en las Cortes de un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que no sólo mantiene sino que radicaliza las anteriores medidas.

Como consecuencia, si es aprobada esta Ley, se mantendrá la arbitraria medida del año 2004, en la que la enseñanza de religión --que es de libre elección-- no computará a efectos académicos de cálculo de nota media para el acceso a la universidad ni para la obtención de becas y se impartirá en un horario añadido a la carga común de los alumnos. En otros términos, que la religión, en cuanto estudio académico, no valga y sea en un horario para desalentar a los alumnos.

El mismo proyecto de Ley presentado en las Cortes establece, por otro lado, una nueva materia obligatoria para todos los alumnos, llamada "Educación para la Ciudadanía", cuyo contenido, evidentemente, será inspirado en la concepción ideológica laicista de los partidos políticos  que están actualmente en el poder.

La polémica que se abre con este proyecto de Ley presentado por el Gobierno, gira en torno de las siguientes preguntas:

1º  ¿Los padres tienen o no el derecho a escoger el estudio de la asignatura  religión católica con valor académico para sus hijos?

2º ¿El Gobierno tiene o no el derecho a obligar  a los jóvenes a estudiar una asignatura de acuerdo a su ideología laicista – por no llamarla religión – que titula "Educación para la ciudadanía"?

3º ¿Lo equitativo no sería, por lo menos, que los padres puedan escoger entre ambas, con iguales condiciones de valor académico y  horario escolar?

A partir del mes de septiembre de 2005, ha comenzado en España una gran batalla por esta cuestión, con grandes movilizaciones populares, polémicas en los medios de comunicación y debate en el ámbito parlamentario[2].

Se trata, sin duda, de uno de los problemas más importantes y agudos de la encrucijada religiosa, moral y política actual y del futuro de España.
 

[1] Una de las primeras entidades que comenzó a alertar a la opinión pública contra la supresión de la educación religiosa como materia con valor académico y dentro del horario escolar, fue S.O.S. Familia. Para ello dirigió una respetuosa pero firme misiva a la Ministra de Educación, firmada por miles de simpatizantes,  manifestando su profundo desacuerdo con la impopular medida y solicitando que la educación religiosa volviese a tener el mismo estatus académico que establecía la Ley vigente. S.O.S. Familia hizo entrega de las firmas a CONCAPA, para integrarse en el gran esfuerzo nacional que totalizó, como dijimos, más 3.200.000 firmas.

[2] En octubre de 2005, S.O.S. Familia, uniéndose a la reivindicación de la Iglesia, de centenas de entidades y millones de españoles, comenzó a promover el envío de miles de tarjetas postales dirigidas al Gobierno para protestar por esta arbitraria ley.

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