Su intención es "concientizar a la sociedad acerca de la protección especial que merecen los niños no nacidos". El Decreto afirma también que "es una obligación Constitucional del Estado proteger y garantizar la vida de todo ser humano desde su concepción".
El Salvador, Argentina, Chile, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Paraguay son los otros países que, desde el año 1993, han adoptado esta misma iniciativa sugerida por el Papa Juan Pablo II.
