En el año 2002, el Congreso español aprobó por unanimidad la ley que introduce la figura del testamento vital o declaración de voluntades anticipada. Se trata de un texto firmado ante notario en el cual, entre otras cosas, la persona puede pedir qué tratamiento no desea que se le suministre en caso de sufrir una enfermedad terminal. En principio, lo que se desea es evitar un sufrimiento innecesario en los supuestos de situaciones clínicas críticas e irrecuperables, de forma que no se le prolongue artificialmente la vida por medio de tratamientos desproporcionados. Algo totalmente legítimo.
En la discusión de la ley, los diputados "se han cuidado extraordinariamente de hablar de eutanasia", refiere una noticia de prensa[1]. Según el portavoz del PSOE, Alberto Fidalgo, todavía no se introdujo la eutanasia, "porque no cuenta con suficiente demanda social"[2]. Nótese la razón alegada: se deja de legislar a favor de la eutanasia, no por el hecho de ser un crimen, sino por que no hay "demanda social" –léase presión de lobbys. La diputada de Izquierda Unida, Marisa Castro, más explícita, "mostró su decepción porque a través de esta proposición de ley [...] no haya llegado a la Cámara ´aire fresco´ y no se haya debatido sobre la eutanasia"[3]. Pero al mismo tiempo, al aprobarla, revela que esta ley "podría ser un primer paso para otros derechos..."[4].
Posteriormente, fueron rechazadas en el Congreso tres proposiciones de ley sobre eutanasia, pero no por ello sus promotores han renunciado a introducirla, y el diario El País afirma que "el PSOE pronosticó una pronta despenalización"[5].
[1] El Mundo, 12-6-2002.
[2] ABC, 13-6-2002.
[3] ABC, 13-6-2002.
[4] El Mundo, 12-6-2002.
[5] Cf. El País, 18-12-2002.